La muerte del rector destituido de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño Torres -todo apuntaba a un suicidio- hace emerger nuevamente los perfiles sombríos del funcionamiento de universidades públicas dominadas por grupos mafiosos que controlan la vida académica (promociones, plazas, cargos, entre otros puntos) y ejercen los presupuestos que provienen del dinero colectivo con absoluta opacidad e irresponsabilidad, supuestamente amparadas esas operaciones facciosas por aires de autonomía que en esos casos significan corrupción, discrecionalidad e impunidad.

Briseño fue parte distinguidísima del grupo que durante décadas ha controlado a la UdeG, el encabezado por Raúl Padilla López, y envuelto en la aureola de ser uno de quienes más solían elogiar y proclamar lealtad al jefe máximo fue convertido, en 2007, en otro más de los rectores peleles del padillismo. Briseño, sin embargo, tejió alianzas con el gobernador formal del estado, el acólito Emilio González Márquez, y el mandatario real, el cardenal Juan Sandoval, más un sector del priísmo, del que destacaba el abogado Arturo Zamora, quien había sido candidato a gobernador de la entidad por el PRI y hoy es diputado federal por ese partido (para ayudarle en ese proyecto, el entonces rector llevó a Guadalajara al periodista Marco Levario, para que le ayudara a "manejar" medios de información, sobre todo nacionales).

Con esos emplazamientos, abrió las puertas a la cúpula clerical, abrigó la esperanza de ser candidato a gobernador por el PRI en la siguiente elección y declaró una extraña guerra contra su reciente tutor, con quien había roto a partir de las instrucciones que éste le había dado para tratar con sentido protector el asunto de un médico especialista en trasplantes al que habían pillado en irregularidades administrativas relacionadas con la operación clínica de esa universidad.

La desproporción en la pelea era evidente, pero Briseño transitó hipnóticamente ese tramo, confiado en sus presuntos aliados, atenido a una hipotética razón jurídica que le asistiría cuando el Grupo Universidad lo destituyera y él acudiera a instancias judiciales federales. Finalmente, perdió de calle, fue depuesto y la justicia federal no lo restituyó.

Pero la historia de ese pleito solamente hace luz (mortecina) sobre una realidad cotidiana, constante y, hasta ahora, impune, la de los grupos políticos universitarios que se han encaramado en las casas de estudios superiores y han pervertido sus funciones, instaurando camarillas basadas en la mediocridad leal e impedido el desarrollo libre de la creatividad, la crítica y el auténtico compromiso social (las elites que dominan a las universidades de Guadalajara y de Colima se han especializado en aparentar posturas progresistas e incluso izquierdistas, cortejando a intelectuales mediante múltiples métodos y usando el presupuesto venido de lo público para fintas culturales y artísticas varias).

Justamente cuando el asunto de los dineros públicos, su captación y su reparto están en el centro de la atención ciudadana, es necesario plantear la importancia de que haya verdaderas auditorías (plurales, confiables, cotejables) en esos centros de estudios y que dejen de ser anacrónicas cuevas presupuestales manejadas a contentillo por estructuras políticas formadas en muchas ocasiones por grillos, porros y profesionistas grises, pero manipulables. Esa realidad universitaria secuestrada o adocenada existe en muchas partes del país y, desde luego, en instituciones nacionales. Si la muerte de Briseño ayudara a analizar y corregir esos temas, podría considerarse que ese desenlace lamentable habría servido para algo más que para demostrar el terrible destino fatal al que, entre soledad, frustración y fracaso extremo, llevan esos forcejeos universitarios por el poder mafioso.

La Jornada / Noviembre de 2009

(Imagen tomada de Internet / Derechos reservados por el autor)