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¿Quiénes pueden poner en duda, hasta este momento, que en el proceso del 2006 hubo fraude? Aunque es un tema abandonado en el contexto del proceso electoral actual, es conveniente traerlo al escenario.

Como por estas tierras se sabe, he trabajado el tema a partir de 1988, cuando me percaté de que en muchas de las casillas de Nuevo León se habían registrado en actas más votos para el candidato a la senaduría, Alfonso Martínez Domínguez, que para la presidencia, estando Carlos Salinas de Gortari por el PRI.

Ya en ese proceso, a diferencia de años anteriores, en las casillas básicas y contiguas de una misma sección se distribuía la lista nominal por partes iguales y las elecciones federales eran coincidentes; no podía aceptar la situación advertida pues las votaciones totales de casilla, para cada elección, debían ser iguales entre sí e iguales a la cantidad de ciudadanos votantes. No lo eran.

El fenómeno se repite en cada proceso desde entonces hasta 2009 y, con el paso de los años y el afinamiento del análisis de los resultados, no es sino hasta el 2006 que los números asentados en las actas pueden ser cotejados, ya no sólo entre ellos, intentando poner en claro lo que tras de ellos se oculta, sino comprobar sus inconsistencias respecto de lo que en las actas se ha escrito y verificar dos hechos:

No sólo de una a otra acta se producen alteraciones sino entre estas y lo que se encuentra registrado en los archivos digitales del Instituto Federal Electoral (IFE) en comparación con lo asentado en el documento.

Con más precisión: las alteraciones de votos se producen, en una primera fase, en las casillas, al anotar las votaciones en el acta y en una segunda, en los centros de cómputo a cargo del IFE.

La Coalición por el Bien de Todos (CPBT), representada por el Lic. Horacio Duarte, presentó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un juicio de inconformidad reclamando el "voto por voto, casilla por casilla" de la totalidad de poco más de 130 mil casillas. El tribunal, a su vez, emitió dos sentencias, la SUP-JIN-2006/212Inc1 y la SUP-JIN-2006/212Inc2, en las que desecha la demanda de la CPBT.

Ordena en cambio un recuento de paquetes de la elección presidencial, cerca de once mil, seleccionando entre otras varios cientos de las que el equipo de "El Peje" había presentado con "errores aritméticos"; de ese recuento la conclusión de los magistrados fue que, aunque se habían corregido centenares de errores de conteo cometidos por los funcionarios de casilla, las variaciones no afectaban el resultado final de la elección otorgando en definitiva el triunfo a Felipe Calderón.

Como consecuencia del litigio poselectoral del 2006, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), es reformado en su Artículo 247 y en su nueva versión se recorre al 295; en esa reforma se establecen criterios para realizar recuentos electorales especificados en el inciso D de la fracción 1, como se puede ver:

"d) El Consejo Distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo cuando:

I. Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena del quien lo haya solicitado;

II. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación; y

III. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido.

Aplicado lo anterior a la elección de diputados en el 2009, en miles de casillas se realizan recuentos parciales y totales; los primeros cuando en los resultados de casilla en las votaciones del primero y segundo lugar de los partidos con más votación, la diferencia es igual o menor del uno por ciento, y el en segundo cuando la diferencia se presenta en el cómputo distrital.

En ambos casos se exige petición de parte de representante de partido.

En la pretensión por que los consejos distritales realicen recuentos en este proceso en curso, desde distintas instancias la respuesta ha sido que lo establecido en el COFIPE ya se ha hecho en el 2009 y de la misma manera se hará en el 2012; sin embargo, lo que se encuentra en los resultados del 2009 es que en muchas casillas se observan los mismos fenómenos que en el del 2006 aún y cuando sólo fue de diputados, lo que se verá con mayor complejidad en el actual proceso, cuando se eligen diputados, senadores y presidente.

El punto es cuestión es la diferencia "entre errores o inconsistencias evidentes", diferenciación en la que el TEPJF coloca en centro de la lupa.

Las inconsistencias se han equiparado a los "errores aritméticos" o "errores de conteo" cometidos por los funcionarios y demandado su corrección por los actores políticos y señaladamente por la Coalición por el Bien de Todos en el 2006.

Se concentran en hechos como el que en una casilla haya más boletas recibidas que las que, como máximo, se pueden tener en una casilla: no más de 750; que haya una gran cantidad de votos nulos lo que hace que el cien por ciento de los electores en la casilla aparezcan como sufragantes; que la cantidad de boletas sobrantes sea mayor que la de boletas recibidas; etc.

Cuando estas inconsistencias o "irregularidades" se subsanan, el resultado es que los resultados globales, si cambian, no lo suficiente como para revertir el resultado global de la elección. Estos "errores de conteo", al distribuirse de manera aleatoria en casillas y en votaciones, si se "corrigen", finalmente no cambian el sentido total del voto de los electores.

Y es en esto en el que se encuentra el meollo del asunto y es en esto en el que el tema debe ser colocado por los ciudadanos y quienes, como consejeros en las distintas instancias del IFE, deben centrar la atención, en cumplimiento del principio constitucional de certeza.

Para resolver los errores evidentes en las actas los consejeros distritales deben cumplir la función depuradora que consiste en eliminar los votos sobrantes o agregar los votos faltantes de la casilla, mediante la apertura del paquete de la elección correspondiente y hacer un recuento.

En la sentencia, luego de una interpretación exhaustiva del mencionado artículo, los magistrados de la Sala Superior definen tres rubros fundamentales: cantidad de ciudadanos que votaron (CQV), cantidad de boletas depositadas en la urna (BDU) y votación total emitida (VTE, que es la suma de las votaciones de los partidos, la de candidatos no registrados y los votos nulos. Entre ellos establecen lo que llaman "necesaria" y "simple" lógica de la igualdad numérica, y cualquier diferencia, aunque sea de "un voto", obliga a la apertura del paquete y la realización del recuento, sin que para ello se requiera petición de partido alguno; es decir, de oficio.

Nosotros, los ciudadanos, ampliamos el concepto de depuración a las tres elecciones a partir de la necesaria igualdad entre los rubros fundamentales de VTE y CQV, y siendo ésta la misma en cada elección, por simple lógica, las tres VTE's deben ser iguales.

Es decir, ante la coincidencia de elecciones en la misma casilla, con una misma lista nominal de electores y en principio la misma cantidad de ciudadanos votantes, las cantidades de boletas depositadas en las urnas deben ser iguales y las votaciones totales emitidas para cada elección también; ante cualquier diferencia entre estas últimas cantidades se está ante un error evidente en al menos una de ellas, si no es que en las tres y, consecuentemente, la apertura de paquetes, cada uno en su momento en el proceso de cómputo distrital, requiere la apertura y el recuento para tratar de hacer incidir la votación total emitida, en cada elección, con la cantidad de ciudadanos que votaron en la casilla.

En pláticas con algunos consejeros distritales, ante en anterior señalamiento, advierten de la enorme presión en que se encuentran con los límites de tiempo y la presencia de los representantes de partido, situación que hace difícil el estar comparando las VTE's de las tres elecciones.

Esta situación se puede solventar si el Consejo General hace su trabajo para dar cumplimiento a la sentencia del tribunal.

El programa (software) del PREP se ha diseñado para detectar actas con inconsistencias; con ausencias en votaciones de alguno de los partidos y genera un repositorio especial para tales actas, un archivo denominado actas inconsistentes.

Puede entonces incluirse, desde su diseño, un segmento de código fuente que realice el cotejo de las votaciones totales emitidas y produzca un informe que remita a los consejos distritales con un listado de las casillas en las que se encuentren diferencias en estas cantidades. Con ello se reduce el trabajo de los consejeros distritales y se facilita el cumplimiento de la función depuradora y se garantiza el que el voto de los ciudadanos cuente en el sentido en que se emite.

http://chuyibarra.blogspot.com

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