Los hechos del presente expresan con claridad que la falta de normatividad en los mercados han generado una sociedad violenta y salvaje en la que el ciudadano ya no puede vivir en paz y se han cancelado todos los logros de la democracia en el Estado Moderno y de los Derechos Humanos fundamentales acordados en el orden mundial actual.

En las últimas décadas, las organizaciones criminales han realizado operaciones a escala internacional, apoyándose en la globalización económica y en las nuevas tecnologías de comunicación. Se han conectado a la economía legal mediante complejos planes financieros y redes comerciales. Además han creado un nuevo sistema de justicia donde se manipulas los procedimientos legales con la corrupción y la violencia.

Se podría pensar que los grandes consorcios criminales se adaptaron a la globalización antes que las empresas transnacionales legales y aprovecharon a la perfección la liberación total de los mercados para crear una nueva fórmula económica con sus propias reglas, donde se han eliminado todos los conceptos éticos y prácticos de la economía tradicional. Junto a la actividad central del narcotráfico se desarrollaron el tráfico de personas, las reproducciones falsas de música, películas e infinidad de artículos de ocio, los secuestros y las intimidaciones terroristas que general miles de millones de dólares y circulan a través de los paraísos fiscales sin que los organismos financieros internacionales reguladores se den por enterados.

Hacia fines del 2009, solamente en los paraísos fiscales de Occidente se calcula un movimiento cercano a los 12 millones de millones de dólares, casi equivalentes al PIB de los Estados Unidos. Otra de las grandes operaciones de la economía criminal global es la de Afganistán, gran productor de opio y heroína, cuyas enormes ganancias se esconden en el sistema financiero mundial, perfectamente protegido por el Gobierno de los Estados Unidos y de otras naciones de Occidente - como Inglaterra - que ahí consiguen sus drogas.

EL CASO PATETICO DE MEXICO.

Por razones desconocidas o por tratar de ocultar los mandatos de Washington, el presidente de México expresa que la narco-economía es un problema exclusivamente militar que poco a poco se irá reduciendo mediante las acciones de las Fuerzas Armadas, mientras desconoce totalmente la magnitud de esa economía y oculta todo lo concerniente a sus finanzas que es a donde van a parar las enormes ganancias de los carteles.

Esta visión reduccionista y miope del complejo fenómeno del narco conduce a esconder el caciquismo en el campo y la ciudad, los grandes problemas de pobreza y la fragmentación y aislamiento de infinidad de regiones del País que van creando una situación de violencia y de angustia en los pobladores, incluyendo a las clases sociales más altas que ya no tienen posibilidad de disfrutar de sus riquezas en su propio territorio.

Ha sido un grave error del Gobierno de Calderón, o de quiénes le han impuesto esas ideas, el limitar los problemas de delitos al narco, evitando enfrentar una larga lista de actividades delictivas que en muchos casos son más graves y frecuentes que las acciones utilizadas para promover el uso de las drogas, como son los casos de los secuestros para cobrar recompensa y los chantajes e intimidaciones para vender la seguridad de la mafia.

¿PUEDEN COEXISTIR LA DEMOCRACIA Y LA ECONOMÍA CRIMINAL?

Quizá el asunto toral de este fenómeno será observar en el corto plazo si la economía criminal permitirá el ejercicio de la democracia y dejará actuar a las instituciones del Estado o ya se está a punto de formar un Estado mafioso en paralelo, tal como ya aconteció en algunos estados como Pakistán, Afganistán, Rusia y gran parte de los estados asiáticos y europeos que formaban la Unión Soviética, apenas a fines del siglo pasado.

Por fortuna, no existen muchos países como México que busquen fuera de su país a los responsables de la violencia, ni que pretendan criminalizar la lucha política y la protesta social de la disidencia, reduciendo el espacio democrático y el derecho y la libertad de las mayorías. Pero cada nación tiene una diferente percepción del fenómeno, que se traduce en políticas distintas diseñadas para cada realidad.

En los países sin fortaleza política y económica, como es el caso de México, el resultado final se traduce en políticas sesgadas y obsoletas, violación de derechos humanos, disidentes políticos perseguidos como criminales, policías infiltrados por la economía criminal, organismos políticos y de justicia corrompidos y un caos total en las instituciones del Estado. El gran enigma es si subsistirá el Estado democrático moderno o será transformado por la economía criminal.

Ahora mismo no se sabe si la sociedad salvaje que generó el neoliberalismo destruirá la estructura del Estado o si logrará sobrevivir a la sociedad salvaje de la economía criminal.

EL CASO DE DIEGO FERNANDEZ.

El aparente secuestro del líder político y empresario Diego Fernández señala con precisión el nivel de poder que ha alcanzado el crimen organizado en México y la forma posible en la que irá estableciendo su supremacía sobre las instituciones del Estado. Algo muy parecido a lo que está sucediendo ahora mismo en Italia, Rusia y algunos otros países de Europa, donde el Estado tradicional coexiste con la nueva sociedad de hiperconsumo y violencia que ha sido creada por la economía criminal.

Sólo falta que nuestro remedo de Presidente invite al Ejército de los Estados Unidos para rescatar a su jefe y amigo o que, con la cachaza de Il Cavallieri pretenda cogobernar con la mafia.

(Imagen tomada de Internet / Dereechos reservados por el autor)